Para el emprendimiento: Informalidad regulada

Para el emprendimiento: Informalidad regulada

4 de febrero de 2024 Consejero Gerencial 0

Si los emprendedores tuviésemos el dinero para empezar las empresas con todas las de la ley, quizá ni siquiera necesitaríamos meternos en este cuento de hacer empresa y nos dedicaríamos a otros mundos del dinero como las inversiones en bolsa o bien raíz. Regularmente, sobre todo en América Latina, el emprendimiento es una alternativa a condiciones económicas difíciles o a la falta de oportunidades laborales en todos los niveles, desde el lego hasta el profesional, pero son muchos los obstáculos.

La regulación que impone el Estado es un desestimulador crónico del emprendimiento. Los registros, su complejidad y sobre todo su costo impiden que muchas ideas de negocio subsistan y si lo hacen, viven en el mundo oscuro y voraz de la informalidad. Sí, con esto quiero decir que el gobierno es el primer causante de la informalidad.

Sabemos de antemano que hay tres tipos de emprendimiento: uno de subsistencia, otro de sostenimiento y otro de evolución. El de subsistencia le deja a los sujetos apenas para mercar, el de sostenimiento puede crear hasta cinco empleos y el de evolución es el que genera riqueza.

Con esta idea deambulé patrocinado por el gobierno regional por varias pequeñas ciudades, sólo para darme cuenta de que la mayoría de los emprendimientos no son la gran innovación pero impactan en la calidad de vida de los sujetos. Casi el cien por ciento de los emprendimientos que visité son de subsistencia: personas buscando cómo hacer unos centavos para sobrevivir. Emprendimientos con el potencial para subir de nivel, pero tienen un gran problema: los costos de asumir las regulaciones del Estado.

En estas condiciones el Estado se convierte en un obstáculos y en sus funciones policivas se convierte en un enemigo que los persigue.

Me surge entonces la pregunta: los emprendedores que mantienen sus negocios informales es porque ellos quieren que esto sea así o porque definitivamente no tienen otra opción. Fui y vi y encontré que hay un poco de ambos, pero son más quienes quisieran ser legales con sus empresas.

Una señora que apenas sabe leer y escribir, prepara un jabón que les gusta mucho a las personas de su pueblo, ha vendido más de diez mil unidades en lo recorrido del año, es decir, le deja para mercar, pero ella no tiene un lugar adecuado para preparar su jabón, ni siquiera tiene casa, y sí, las regulaciones del Estado son para proteger al consumidor y entregarle productos de buena calidad, sin embargo para ella pagar los costos de legalizarse y sobrevivir tendría que vender doce veces la cantidad que ahora vende y el mercado ni los ingresos le dan para tanto.

Casos como este se repiten y se repiten a donde quiera que voy: el Estado como un obstáculo y como un enemigo.

Dentro de la discusión con los emprendedores y como representante del gobierno regional, es mi deber insistir en que todo debe ser hecho bajo las normas de la Ley, pero no puedo hacerme el ciego ante la realidad: un registro empresarial les vale un año de trabajo y un registro nacional de producto que en Colombia se llama Invima, les cuesta el equivalente a dos años de trabajo, por cada producto que tengan. En esas condiciones hasta yo me mantendría en la informalidad.

Es necesario estar en la legalidad, es una obligación y todos debemos poner de nuestra parte. Sin los registros no se puede acceder a los verdaderos mercados, a los grandes canales de distribución; sin registros no podremos crecer y pasar de ser un emprendimiento de subsistencia a uno de sostenimiento o de evolución, y es el mismo Estado el que nos debe ayudar.

Este es uno de esos casos en los cuales no le pedimos dinero al Estado, le pedimos tolerancia y un modelo diferente de legalización para permitir que los emprendimientos se formalicen.

En la práctica, un proyecto empresarial que regularmente es base cero, es decir que las personas inician sus ideas con casi ninguno o muy poco capital, tiene cuatro fases. La primera es la INICIACIÓN, es un periodo de pensar la empresa, de realizar planeación estratégica y de tomar decisiones corporativas. La mayoría de los emprendedores se saltan esta etapa pues ellos necesitan mercar y pasan derecho a la segunda etapa: PUESTA EN MARCHA, es cuando con mucho esfuerzo se empieza a producir y a vender; en el caso de los emprendedores ese vender es como sea. La tercera etapa es la de CONSOLIDACIÓN, cuando ya existe un inicio de estructura empresarial, para pasar a la cuarta etapa que es la de CONSTITUCIÓN.

¿Cómo, qué pasa aquí? ¿Luego la constitución no debiera ser desde el principio? Pues no. No es así como sucede, la realidad es que la primera etapa sea inexistente, la segunda tome de dos a cuatro años, la tercera le agregue uno o dos años más, antes de que un emprendedor esté listo y si acaso tenga el recurso para legalizar su empresa, mientras tanto vivirá en la informalidad.

Es decir, para un proyecto que inicia sin recursos, con la necesidad de pagar el costo de vida, tomará un promedio de seis años antes de que pueda, físicamente, siquiera pensar en la legalización.

Aunque existen corporaciones de ayuda a los emprendedores, esta regularmente tienen dos condiciones, la primera son largas jornadas de capacitación provenientes en algunos casos de personas que nunca han tenido una empresa y lo que hacen es repetir una teoría y dos, la “ayuda” está amarrada a un crédito y crédito es una palabra que asusta a los emprendedores. Ellos prefieren hacer sus propios recursos con despacio. Es decir, ninguna de las dos condiciones es atractiva para los emprendedores.

Qué es en sí lo que se necesita: una informalidad regulada.

Es necesario que el Estado registre y regule todos los emprendimientos y que guie un proceso de estructuración para la formalización, sin que esto le cueste a los emprendedores. Si la señora quiere dedicarse a vender jabones, que entre en un programa que le revise el producto sin cobrarle, que le dé una autorización y un registro en prueba para que ella pueda entrar en los canales formales de comercialización y que haya un seguimiento financiero que tenga en cuenta lo que ella necesita para sobrevivir y que le obligue a ahorrar para pagar los registros. Y sí, un proceso que puede tomar hasta seis años, que posiblemente, con esta metodología, se puedan reducir a la mitad.

En América Latina se viene hablando mucho de emprendimiento, pero es sólo eso, hablando. Los gobiernos locales como el que me patrocina, le invierten pero están supeditados a la normatividad. Es hora de que el Estado sea flexible para que no se quede en el discurso y posibilite en la práctica que los emprendedores caminen hacia la formalización.

Wilson Garzón Morales

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